Reforma del sistema de protección de sename: ¿qué es prioritario hacer?

El pasado jueves 17 de abril, con escasa cobertura de la prensa, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el informe de la comisión investigadora que indagó en el funcionamiento del sistema de protección residencial de Sename.

En una discusión que se extendió por dos días, los parlamentarios fueron enfáticos en calificar de inaceptable que una institución del Estado, cuya misión es garantizar la protección de niños y niñas vulnerados en sus derechos, estuviera involucrada en situaciones de negligencia, maltrato y violencia.

El duro informe de la Cámara de Diputados sobre la situación de los niños bajo la protección del Sename, no puede ser el fin del tema pues cada día nuevos niños ingresan a un sistema cuyos horrores han sido descritos pero no abordados. Para el sicólogo Camilo Morales el Estado debe partir por lo básico: entender que los niños tienen derechos y que no podrá exigir que otros los respeten mientas él mismo los vulnere sistemáticamente a través de sus instituciones. Lo que el Estado hace se transforma en un estándar que ha hecho mucho daño y debe cambiarse con urgencia.

El informe constituye un hecho de gran significación no sólo porque hace visible una cruda realidad. Lo verdaderamente importante -y que establece un hito respecto a la situación de la niñez en Chile- es que se afirma desde el Poder Legislativo que en un Estado de Derechos no es aceptable que se produzca ningún tipo de vulneraciones al interior de instituciones de administración directa de un servicio, o bien, en instituciones privadas que reciben financiamiento estatal.

Desde ningún punto de vista es factible seguir tolerando situaciones de violencia y maltrato históricamente naturalizadas en los contextos residenciales de nuestro país. Por más que se intente negar, la historia del cuidado y la protección de niños en residencias está vinculada a situaciones en donde la dignidad de los niños y sus familias ha resultado violentada permanentemente. Por lo tanto, lo que hoy conocemos a través del informe y, que se ha debatido en el Parlamento, es la repetición y la insistencia de un problema social que se resiste a enmudecer.

Como sociedad nos impresionamos cada vez que tenemos noticias de las cifras anuales relacionadas al maltrato infantil o al abuso sexual que se produce en la intimidad de la vida familiar. Somos enfáticos en manifestar los graves efectos que tienen el maltrato o la negligencia parental en los niños. Desde la intervención psicosocial elaboramos escalas, construimos instrumentos, diseñamos intervenciones que nos permiten anticipar y actuar efectivamente en esas situaciones, sin dejar pasar la sola posibilidad de una vulneración. Paradójicamente, cuando las vulneraciones se producen al interior de nuestras propias instituciones, ambulatorias o residenciales, preferimos mirar para el lado contribuyendo de esa forma a la naturalización de prácticas o formas de “intervención” que pueden resultar transgresoras de la dignidad de las personas que requieren cuidado y apoyo.

Desde ese punto de vista, el Estado como la sociedad civil, deben asumir que cualquier tipo de cambio en nuestro actual sistema de protección no se puede sostener sobre una cultura institucional de protección que naturaliza formas de violencia hacia los niños, justificando las carencias o deficiencias de la labor que se realiza como si fuese algo inevitable o propio de esos contextos. ¿Cómo se puede seguir exigiendo a otros el respeto incondicional y sin restricciones de los derechos de los niños si el mismo Estado, a través de sus instituciones, reproduce situaciones de vulneración?

No hay duda de que los niños comienzan a hacerse escuchar. Lo hacen, lamentablemente, desde un lugar que parece ser su única vía de enunciación en el territorio del poder, la política y las transformaciones sociales: a través de su condición de vulnerabilidad, fragilidad, dependencia y del dolor que acompaña los testimonios de su vida en una residencia. El reconocimiento del niño como sujeto de derechos, expresado en los tratados internacionales que Chile ha ratificado, muestra sus limitaciones cuando el Estado no puede garantizarlos, o bien, cuando no existe para los niños condiciones reales para ejercerlos y acceder a ellos.

Lo señalado da cuenta de la relevancia que tiene para nuestra sociedad continuar la discusión iniciada en la Cámara de Diputados, y que los antecedentes expuestos en esa instancia se traduzcan en políticas públicas que protejan a la infancia. Esto significa que, independiente de la urgencia que tiene la tarea de reformular el sistema de protección residencial, la protección de los niños no puede seguir vulnerando su dignidad y exponiéndolos a situaciones de sumisión ante un sistema o a formas de desarraigo de sus contextos vinculares y de pertenencia. ¿Cómo estamos cuidando y protegiendo a los niños en nuestras instituciones?, es una pregunta que debemos formularnos continuamente a fin de visibilizar el modo en que nuestras prácticas realizan efectivamente lo consignado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

La Comisión Investigadora de la Cámara deja sobre la mesa un enorme desafío para instituciones como el Sename, el Ministerio de Justicia, Tribunales de Familia y el Consejo Nacional de la Infancia: una profunda reforma del actual sistema de protección residencial, así como de aquellos paradigmas obsoletos y conservadores sobre el cuidado de los niños que están en estas condiciones, pues ya sabemos de los profundos daños que generan. De esta manera, un primer aspecto que debiese abordarse es analizar en qué medida es posible recoger e implementar las más de cuarenta propuestas que detalla el informe, y que están dirigidas a los principales actores vinculados a la protección de la niñez.

En términos generales se pueden identificar cuatro ejes en las propuestas de los parlamentarios:

Primero, aquellas dirigidas a completar la sistematización y monitoreo de la situación actual de todos los niños y niñas de las residencias de protección del país, ya que está pendiente el levantamiento de información en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Biobío, La Araucanía y Magallanes.

Segundo, la necesidad de incrementar los recursos destinados a mejorar la calidad de la atención de las residencias, lo que debiese significar una inversión significativa en programas que apoyen los procesos de desinternación y revinculación de los niños con sus familias o sus comunidades.

Tercero, fortalecer los modelos de supervisión y capacitación de los profesionales de las residencias, poniendo especial énfasis en los aspectos ligados a la intervención y no a cuestiones de carácter meramente administrativo o burocrático.

Cuarto, establecer una nueva política e institucionalidad de protección de la infancia que contemple la creación de dos nuevas instituciones, la creación del defensor del niño y la consolidación de la tan anhelada ley de protección integral de derechos. Esperemos que la nueva institucionalidad que pretende separar “niños vulnerados” de “niños infractores de ley” considere que ambos son sujetos de derechos y han sido vulnerados.

Finalmente, más allá de todas las propuestas y de la forma en que se vayan implementando durante los próximos meses o años, será fundamental tener presente un aspecto que se constituye como el eje central de todas las acciones anteriormente descritas. Todas las instituciones vinculadas a la protección de la infancia, ya sea estatales o privadas, tienen hoy el deber de trabajar por la restitución de la confianza, de la sociedad, pero principalmente de los niños, respecto de la labor que hoy realizan. Dicha confianza requiere que ahora y en el futuro los derechos de los niños se garanticen incondicionalmente a la vez que se reconozca que los niños son sujetos activos en el ejercicio y la construcción de sus derechos.

Después de la indignación, la impotencia y el silencio, estamos ante la posibilidad de construir un nuevo pacto, un nuevo compromiso entre el Estado, la sociedad y los niños. Depende de nosotros mantener el anhelo y la convicción de que es posible proteger y restituir los derechos de los niños cuando devolvemos la dignidad y la confianza a aquellos que en algún momento fallaron o no tuvieron la posibilidad de estar acompañados. Que este momento de quiebre y desconfianza permita tejer nuevos lazos, signo de que el Estado y la sociedad siguen comprometidos por el bienestar de los niños y niñas más vulnerados de Chile.

Camilo Morales
Psicólogo, Magister en Clínica Psicoanalítica con Niños y Jóvenes, Universidad Alberto Hurtado
Director de Proyectos, Corporación Casa del Cerro

Columna publicada en: http://ciperchile.cl/2014/04/29/reforma-del-sistema-de-proteccion-de-sename-%C2%BFque-es-prioritario-hacer/

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